Requisitos de los autónomos y pymes para acceder a las ayudas del Gobierno

por | Mar 14, 2021 | Ámbito nacional, Ámbito regional, Ayudas Económicas, Novedades legislativas

Desde la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Castilla la Mancha hacemos un «resumen» de las ayudas económicas que el Gobierno ha aprobado este viernes 12 de Marzo en un Consejo de Ministros extraordinario el nuevo paquete de ayudas directas para autónomos y pymes que estará dotado con 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones irán a fondo perdido. El objetivo es reforzar la solvencia de los trabajadores por cuenta propia y los negocios que se hayan visto perjudicados por la pandemia  que se estructuran de la siguiente forma:

  • Un primer fondo de 7.000 millones de euros para transferencias directas no reembolsables a pymes y autónomos. Será gestionado por las CCAA bajo la supervisión de la Agencia Tributaria.
  • Otro fondo de 3.000 millones de euros para reestructuración de deudas empresariales. Será gestionado por la banca.
  • Un último fondo de 1.000 millones de euros para la recapitalización de medianas empresas. Será una especia de ‘hermano menor del Fondo Sepi’, que gestionará la sociedad pública Cofides, que depende del Ministerio de Industria de Reyes Maroto.

¿Cómo podrán las empresas y autónomos para acceder a esas ayudas? Según ha especificado en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, los requisitos son los siguientes: 

  • En primer lugar, certificar una caída de ingresos de, como mínimo, el 30%, con respecto a 2019 (año con cierre positivo).
  • Las empresas receptoras no podrán tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud.
  • Deben, además, estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

¿Que ayudan corresponderían? El Gobierno repartirá transferencias directas de entre 3.000 y 200.000 euros a aquellas empresas y autónomos que acrediten una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.

  • Autónomos y micropymes (menos de diez empleados): se cubrirá «hasta un 40% de su caída de ingresos adicional» desde marzo de 2020. Se pagará en relación a esta caída entre 4.000 y 200.000 euros.
  • Autónomos en estimación objetiva (módulos): se dará una ayuda fija de 3.000 euros
  • Resto de empresas: Se cubrirá «hasta un 20%» de su caída de ingresos en el último año. Se pagará en relación a esta caída entre 4.000 y 200.000 euros

Así pues desde la Asociación «interpretamos en principio y en base a esto», que se podría estimar que un autónomo/pyme, cuya facturación haya sido 100.000 euros en el 2019 y haya tenido, por ejemplo, una caída de ingresos del 50.000 euros (y por tanto mayor que el 30% que exige como requisito el decreto ley) las ayudas le cubrirán el 40% de esta caída excluyendo el 30% inicial, es decir, 20.000 euros de perdidas y sobre esa cantidad aplicaríamos el 40% estimando una ayuda de 8.000 euros.

Las empresas que reciban estas ayudas directas tendrán, eso sí, obligaciones. Por ejemplo, deberán mantener su actividad hasta finales de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar los salarios de la alta dirección en este tiempo. El Gobierno, además, va a aplazar las obligaciones tributarias de los cuatro primeros meses del año durante seis meses sin intereses

El dinero no estará disponible hasta finales de abril como pronto y se podría retrasar aún más en función de la agilidad de las comunidades autónomas.

Las empresas beneficiarias tampoco podrán estar en concurso de acreedores o haber cesado su actividad en el momento de solicitarlas, deberán estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y no podrán tener su domicilio social en un paraíso fiscal. Al contrario que con los ertes, el Gobierno no ha fijado una obligación de mantenimiento del empleo, si bien confía en que la condición de mantener su actividad hasta el verano del año que viene suponga en la práctica la supervivencia de la mayoría de los puestos de trabajo.

Finalmente, no habrá quitas sobre la deuda avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como también estaba sobre la mesa y que aterraba a la banca. La deuda que no puedan asumir las empresas se reestructurará.

La segunda pata del plan es el marco para la reestructuración de los créditos bancarios a empresas avalados por el ICO, que ascienden a 121.000 millones (quedan disponibles otros 19.000 millones que ahora se podrán solicitar hasta final de año). El Gobierno ha cambiado la normativa para que el banco público pueda participar en estos procesos, pero ha fijado que lo hará en los mismos términos que los bancos (es decir, que las entidades no podrán endosarle peores condiciones, como tampoco podrán hacerlo entre sí).

El tercer componente del plan es un fondo gestionado por la empresa pública Cofides y dotado con 1.000 millones de euros para reforzar la solvencia a empresas medianas a las que no les valga con las ayudas directas ni la renegociación de créditos, pero que no tengan el tamaño suficiente para aspirar al fondo que se aprobó hace meses para compañías estratégicas a través de la SEPI (este tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones). El Estado participará en los beneficios de las firmas y saldrá de las mismas en un máximo de ocho años.

De las 95 actividades empresariales que pueden acogerse a estas ayuda aquí un listado provisional (hasta la publicación en BOE) Turismo y hostelería:
– Hoteles y alojamientos similares.
– Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
– Campings y aparcamientos para caravanas.
– Otros alojamientos.
– Restaurantes y puestos de comidas.
– Provisión de comidas preparadas para eventos.
Actividades de las agencias de viajes.
– Actividades de los operadores turísticos.
– Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

 

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